Es el crédito un derecho?

SI. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, estableció que el crédito es un derecho del ciudadano, y tanto su acceso como su cobro, debe estar debidamente reglamentado. Sin embargo, cuando se trata del recaudo del mismo, los excesos de la entidad bancaria son evidentes, así como la incapacidad del deudor para atender su obligación.

Sin duda, y con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Gobierno Nacional amparó a los deudores usuarios de la banca pública, quienes a través del Banco Agrario y del Fondo Nacional del Ahorro, obtuvieron alivios como el congelamiento de cuotas, tanto de capital como de intereses. Mientras tanto, los deudores cuyo acreedor era el sistema bancario privado, no se vieron favorecidos con dicha medida. Los bancos del sector privado implementaron el alivio de capital, cuota que irá al final del crédito, pero siguió cobrando los intereses. Valiente alivio. ¿Se vulneró el derecho a la igualdad del consumidor financiero? SI.

Y ahora advierte la Superintendencia Financiera de Colombia, que una cifra cercana a los 120 billones de pesos, de un total de 530, se encontraría en mora, es decir, un indicador de cartera en riesgo del 24%. ¿Podrá contener entonces la Superintendencia Financiera la avalancha de reportes en centrales de riesgos, que, como mecanismo para recuperar la cartera vencida, realizará el sistema bancario a sus deudores vencidos?

Será momento de incursionar, así como en los contratos de arrendamiento y otros contratos, en la conciliación como una medida para evitar el vencimiento del crédito, argumentando que las condiciones bajo las cuales se constituyó el contrato, cambiaron. De esta forma, tanto el plazo como la tasa, podrían modificarse, aumentando el primero y disminuyendo la segunda, refrescando una obligación que en caso contrario, a ninguna de las partes convendría. De no llegar a un acuerdo, muchos, serán los que se suman a los excluidos del sistema bancario, sin derecho al crédito.